LA AUDIENCIA DE PALMA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA 


infanta cristinaSeguramente cuando su Majestad, el ya relegado rey Juan Carlos I afirmó en su famoso discurso de Navidad que “la Justicia es igual para todos” únicamente pensaba en su yerno Iñaki y no se le pasaba por la cabeza que su hija, la infanta Cristina, se viera en la tesitura de tener que afrontar como imputada un proceso por corrupción tan mediático como el que está tan en boga en los últimos tiempos.

El caso es que el pasado día 7 de noviembre, la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado un extenso Auto de 160 páginas (algo que nos sorprende aún más a los profesionales del derecho que conocemos la tradicional parquedad de este tipo de resoluciones) en el que ha venido a confirmar la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos de fraude contra la Hacienda Pública referidos a los ejercicios económicos 2007 y 2008, por lo que, en teoría, debería sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del caso Nóos, si bien, también ha decretado el archivo de su imputación por delito de blanqueo.

Según el citado Auto, a juicio de la Sala resulta innegable e inobjetable que desde un punto de vista objetivo, la Infanta, desde el momento en que era socia al 50%, junto con la esposa del otro encausado, Diego Torres, de sociedades simuladas, estaban contribuyendo necesariamente a defraudar al fisco, tanto en Reta como en Sociedades y además se beneficiaron de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta, de manera que también colaboraron en la ocultación de esos beneficios.

La Audiencia de Baleare afirma que es sostenible afirmar que tanto la Infanta Cristina como la esposa de su socio Diego Torres, tenían que ser conscientes, que formaban parte de sociedades instrumentales, pantalla o simuladas, carentes de actividad y de vida propia y por tanto de que estaban contribuyendo a cometer un ilícito penal.

Ahora bien, ¿quiere esto decir que veremos a la Infanta finalmente sentarse en el banquillo de los acusados?. Lo cierto es que este hecho, tan esperado por algunos, parece poco probable debido a la aplicación de la llamada “doctrina Botín” dictada por el Tribunal Supremo y que el Juez tiene posibilidad de aplicar, según la cual una acusación popular no es suficiente por sí sola para iniciar un juicio. Hemos de tener en cuenta que en este caso, ni fiscal ni Abogacía del Estado ni Hacienda acusan a la Infanta, sino que lo hace sólo la acusación popular Manos Limpias., por lo que la decisión del futuro judicial de Cristina de Borbón pasa de nuevo por las manos del archifamoso juez Castro.

Tras este Auto, el Juez dictará el correspondiente Auto de apertura del Juicio Oral, dando paso a una vista que según estimaciones se celebrara en 2016 y en el que mucho me temo que, para desilusión de parte de la sociedad y sobre todo de los medios de comunicación, no veremos a la Infanta en el banquillo.

Seguramente cuando su Majestad, el ya relegado rey Juan Carlos I afirmó en su famoso discurso de Navidad que “la Justicia es igual para todos” únicamente pensaba en su yerno Iñaki y no se le pasaba por la cabeza que su hija, la infanta Cristina, se viera en la tesitura de tener que afrontar como imputada un proceso por corrupción tan mediático como el que está tan en boga en los últimos tiempos.

El caso es que el pasado día 7 de noviembre, la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado un extenso Auto de 160 páginas (algo que nos sorprende aún más a los profesionales del derecho que conocemos la tradicional parquedad de este tipo de resoluciones) en el que ha venido a confirmar la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos de fraude contra la Hacienda Pública referidos a los ejercicios económicos 2007 y 2008, por lo que, en teoría, debería sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del caso Nóos, si bien, también ha decretado el archivo de su imputación por delito de blanqueo.

Según el citado Auto, a juicio de la Sala resulta innegable e inobjetable que desde un punto de vista objetivo, la Infanta, desde el momento en que era socia al 50%, junto con la esposa del otro encausado, Diego Torres, de sociedades simuladas, estaban contribuyendo necesariamente a defraudar al fisco, tanto en Reta como en Sociedades y además se beneficiaron de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta, de manera que también colaboraron en la ocultación de esos beneficios.

La Audiencia de Baleare afirma que es sostenible afirmar que tanto la Infanta Cristina como la esposa de su socio Diego Torres, tenían que ser conscientes, que formaban parte de sociedades instrumentales, pantalla o simuladas, carentes de actividad y de vida propia y por tanto de que estaban contribuyendo a cometer un ilícito penal.

Ahora bien, ¿quiere esto decir que veremos a la Infanta finalmente sentarse en el banquillo de los acusados?. Lo cierto es que este hecho, tan esperado por algunos, parece poco probable debido a la aplicación de la llamada “doctrina Botín” dictada por el Tribunal Supremo y que el Juez tiene posibilidad de aplicar, según la cual una acusación popular no es suficiente por sí sola para iniciar un juicio. Hemos de tener en cuenta que en este caso, ni fiscal ni Abogacía del Estado ni Hacienda acusan a la Infanta, sino que lo hace sólo la acusación popular Manos Limpias., por lo que la decisión del futuro judicial de Cristina de Borbón pasa de nuevo por las manos del archifamoso juez Castro.

Tras este Auto, el Juez dictará el correspondiente Auto de apertura del Juicio Oral, dando paso a una vista que según estimaciones se celebrara en 2016 y en el que mucho me temo que, para desilusión de parte de la sociedad y sobre todo de los medios de comunicación, no veremos a la Infanta en el banquillo.